Respetado Presidente:

Me dirijo a ti en mi condición de portavoz de UPN en el Congreso de los Diputados al constatar, una vez más, que en la ronda de consultas a nivel parlamentario que vienes llevando a cabo has excluido a nuestro partido so pretexto, supongo, de su integración en el Grupo Popular y hallarse por tanto representado por el presidente del Partido Popular.

En esta ocasión, la finalidad de las consultas es informar sobre el estado en que se encuentra el llamado “proceso de paz” y recabar opinión sobre el mismo. Por este motivo, y sin perjuicio de que espero recibas a la mayor brevedad al presidente del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, Miguel Sanz, te dirijo esta carta para expresarte lo que de haber sido convocado te hubiera transmitido personalmente.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, nos informó del contenido de la entrevista que mantuvo contigo a raíz de la declaración por parte de ETA de un “alto el fuego permanente”. Nos satisface y debiera tranquilizarnos que le hubieras garantizado que no tienes ningún compromiso adquirido con la banda terrorista ETA.

A pesar de ello, hay algunas cosas que nos inquietan. Durante los dos últimos años se nos negó que existiera contacto alguno ni con ETA ni con Batasuna. Hoy se admite que sí lo hubo y que como fruto de tales conversaciones se ha llegado al momento actual. Fuentes de la Moncloa han llegado incluso a informar que el comunicado de ETA fue consensuado y que la consideración del alto el fuego como permanente fue una exigencia del propio Gobierno aceptada por la banda terrorista.

También resulta incuestionable que el Gobierno está resuelto a poner en marcha la “propuesta de Anoeta”, aprobada por Batasuna a finales de 2004. Ello implica aceptar una doble negociación. El Estado y ETA negociarían directamente la “desmilitarización” del conflicto (según su argot) mientras una mesa de partidos constituida al efecto trataría de la definición de un nuevo “estatus” político para el País Vasco. No deja de ser significativo que los socialistas vascos poco antes de la declaración de alto el fuego dieran a conocer un documento para la pacificación y normalización de Euzkadi (terminología típica de los nacionalistas) en el que anunciaban su voluntad de participar en la futura mesa de partidos con la finalidad de alcanzar ese nuevo estatus político para el País Vasco.

Con la perspectiva que proporciona el tiempo, ahora se entiende el por qué de la resolución del Congreso de 17 mayo del 2005 donde se recogía literalmente la posibilidad de entrar en un “final dialogado” de la violencia si se confirmara la voluntad inequívoca de ETA de poner fin a la misma, reiterando uno de los puntos del Pacto de Ajuria Enea de 1988. Es verdad que con una importante apostilla: “La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje”. 

Te recuerdo, no obstante, que existe otra Resolución del Congreso, aprobada el 21 de junio de 2005, con el apoyo activo del Grupo Socialista, que ratificó la plena vigencia de los principios contenidos en el Acuerdo por la Paz y la Tolerancia de Pamplona y de modo especial su punto quinto que me permito citar de forma literal:

“Nos reafirmamos en el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverlas los representantes de la voluntad popular. Ningún grupo terrorista, ni ningún partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines está legitimado para erigirse en representante del pueblo de Navarra. En consecuencia, rechazamos toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, sea reconocida en negociaciones políticas que pretendan condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general y el propio de Navarra en particular. Sólo la voluntad de nuestro pueblo puede orientar el presente y el futuro de Navarra. Por eso manifestamos nuestra seguridad de que ETA y sus defensores nada han de obtener de la violencia y la intimidación y de que Navarra continuará progresando asentada en sus instituciones democráticas y regida por la voluntad de sus ciudadanos”.