¿Y ahora qué?

El 22 de marzo de 2006, la banda terrorista ETA, anuncia un alto el fuego indefinido y nace en la sociedad un hálito de esperanza. No es la primera vez. Siempre que ETA se ha encontrado en un callejón sin salida ha recurrido a este procedimiento para tomar un respiro y superar el resuello (léase un tiempo para el rearme). Resultaba sospechoso que el alto el fuego fuera declarado como “indefinido” y no “permanente”. También lo era que ETA no mostrase ninguna voluntad de abandono incondicionado de las armas.

Pronto se empezaron a atisbar sus verdaderas intenciones. Continuaron las extorsiones a los empresarios, se produjo el atentado de Barañáin, el robo de pistolas en Francia, el renacimiento de la “Kale Borroka”, el aprovisionamiento de explosivos en zulos recientes. Todo ha terminado con el triste y trágico atentado de ETA en Barajas el 30 de diciembre último.

Entre tanto, Batasuna, los portavoces de ETA, queriéndonos convencer de que era preciso abrir un proceso de negociación para buscar una solución “democrática” al “conflicto”. ¿Cómo es posible que quien justifica la violencia como argumento político, quien no condena el uso de las armas, quien, por lo tanto no sabe qué es la democracia diga que va a buscar una solución democrática? Si esto fuera posible habrían condenado, como prueba evidente de su conversión, el uso de las armas y provocado su entrega inmediata. A partir de ahí a hablar.

Mientras, la herramienta que llevó a ETA a la asfixia y a la necesidad de buscar un respiro, es decir el Pacto por la Libertades y contra el Terrorismo del año 2000, apoyado por 313 diputados, entre ellos los de los dos partidos mayoritarios, se sustituyó el 17 de mayo de 2005 por otro con sólo 192 apoyos del que quedó excluido el PP, segundo partido del Congreso. Se sustituyó la fortaleza política de 313 diputados por la mayor debilidad de 192.

Se afirma que este segundo pacto dice lo mismo que el primero al que no deroga. Es raro que diciendo lo mismo, aquel no fuera apoyado por los partidos nacionalistas y éste sí. Es raro también que si no se ha derogado no se haya convocado ni una sola vez su Comisión de seguimiento.

Es preciso volver a la fortaleza del sistema democrático, del Estado de derecho y a la firmeza del Pacto por las Libertades que conduce inexorablemente a la ruina y derrota de ETA. Bajo ningún concepto, quien tiene actualmente la responsabilidad de definir la política antiterrorista del Estado, debe dejar de lado al PP. Si alguien queda fuera del acuerdo entre partidos democráticos para alcanzar una política de Estado en materia antiterrorista, ése debe ser el que menos apoyo político aporte.

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