Acabar con ETA o derrotar a ETAParecen dos proposiciones equivalentes pues en ambos casos se persigue el fin del terrorismo. Sin embargo, hay sutiles pero importantes diferencias entre ambas. En la primera, acabar con ETA es sólo un medio para conseguir el fin del terrorismo; acabar con ETA no es el objetivo final incondicionado para restaurar la paz social rota por el terror. Esta proposición implica aceptar, sin matización alguna, que “estos conflictos terminan siempre en una mesa de negociación” o que “la paz se hace precisamente con el enemigo”, como con frecuencia se afirma. Se olvida que el enemigo sólo negocia la paz cuando está derrotado. La solución dialogada pretendida por la Resolución del Congreso del 17 de mayo de 2005, firmada por 192 diputados, requiere la colaboración de ETA. Ahora bien, esta colaboración no puede ser otra que el previo y definitivo abandono de las armas y la renuncia de la lucha armada como medio para conseguir objetivos políticos.
Esto es así porque una sociedad libre y democrática no puede aceptar que el terror sea un instrumento para alcanzar fines políticos; ni puede consentir que dejar de matar tenga un precio político que deba ser satisfecho. Bajo ninguna condición la configuración política del País Vasco y Navarra puede ser el precio por dejar de matar. Pero esta solución olvida que el impulso y la garantía de la liberación de Euskalherría son consideradas por ETA como la razón genuina de su existencia. Por eso, ETA nunca cumplirá la condición. La segunda, persigue la derrota sin paliativos de ETA y también, consecuentemente, el fin del terrorismo. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito por 313 diputados del PP, PSOE, Coalición Canaria y Partido Andalucista el 12 de diciembre del año 2000 persigue esta derrota al destrozar el entramado operativo de ETA, al destruir su estructura de apoyo y al disuadir cualquier pretensión de precio político. El Pacto no requiere más instrumentos que la unidad de los partidos firmantes en la acción política contra el terrorismo como cuestión de estado, la prevalencia de la ley y el respeto al estado de derecho.
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